En México tres grandes cárteles controlan el narcotráfico: el del Golfo, el de los Arellano Félix en Tijuana y el del Pacífico, en donde el Cártel de Sinaloa tiene ahora una gran batalla emprendida contra otros grupos por el control de la zona. Decapitados, cadáveres maniatados arrojados en cualquier parte, cabezas metidas en bolsas o en neveras portátiles, permanentes enfrentamientos a balazos en plena calle…, más de 5.000 asesinatos en un año. La violencia, hoy recrudecida, viene de lejos: desde 2001 hasta hoy han sido ejecutadas 17.198 personas.

La violencia no es sólo una guerra entre mafiosos; el Gobierno de Felipe Calderón le declaró la guerra total al narcotráfico y, como señala José Luis Piñeyro, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la violencia actual hay un elemento más: “el reto directo que el narcotráfico hace a las instituciones del estado». Los sicarios no sólo se atacan entre sí, se enfrentan contra los soldados y los policías en una batalla abierta de violencia extrema que cada día aumenta de intensidad. El gobierno mexicano desplegó en 2008 casi 50.000 soldados para luchar contra los cárteles de la droga; muchos líderes, cabecillas y sicarios ha sido detenidos, muchas toneladas de droga y miles de armas han sido incautadas, pero la lucha es cada día más dura. “Podemos prever para 2009 mayores índices de violencia», dijo ayer el titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina-Mora en un brindis navideño ante su gente. Sus estimaciones son que el pico de la violencia se alcanzará en el primer trimestre de 2009.

La larga mano del narco llega, obviamente, a la política. Ayer, el líder del PAN, Germán Martínez Cázares, expresó su confianza “en que en la sesión del Consejo General del IFE prevista para antes de Navidad, ese organismo se pronuncie contra la infiltración de dinero del narcotráfico en las campañas políticas; se deben establecer medidas obligatorias para los partidos políticos, para que el dinero ilícito no sea el que decida las elecciones; si el gobierno de la República y los gobernadores se han comprometido a una operación limpieza que saque a los malos elementos del gobierno y del Estado, pues hagamos una operación limpieza previa para evitar que entren nuevos a ocupar cargos públicos”. Recordemos que uno de los carteles se había infiltrado hasta la cúpula de la institución encargada de combatirlo: Noé Ramírez, desde diciembre del 2006 a julio del 2008 zar antidroga de la Procuraduría General de la República, ha sido detenido por pasar información al Cártel del Pacífico; lo tenían en nómina los narcotraficantes. Ayer, y es solo un ejemplo, entre los muchos policías que cada día son detenidos estaba el ex comisionado de la Policía Federal, Víctor Gerardo Garay Cadena, y el jefe de Operaciones Especiales, Francisco Navarro Espinosa, quienes fueron imputados por estar vinculados con los hermanos Beltrán Leyva y por supuestos robos y abusos de autoridad.

La lucha contra el narcotráfico y el desgaste que supone para el gobierno también se emplea para sacar tajada política. Un ejemplo: ayer el PRD por boca de Adrián Chávez se opuso a que en Baja California Sur se lleve a cabo el programa del gobierno federal para combatir la delincuencia organizada -la Operación Limpieza – “porque, significaría militarizar el Estado y con ello se ahuyentaría el turismo y se generarían condiciones no propicias para la inversión. Baja California Sur puede perder la fama de un lugar que ofrece paz y tranquilidad a sus habitantes y a la gente que nos visita”. Es el colmo del cinismo, y hay muchos más ejemplos de lo mismo.

México, para combatir al narcotráfico, necesita el apoyo de Estados Unidos, el principal mercado para las drogas y el lugar donde los carteles adquieren las armas. La Iniciativa Mérida es un plan con el que el gobierno estadounidense busca contribuir a mejorar la capacidad de lucha de México mediante la capacitación y entrega de equipos. Cuando se termina 2008, se han liberado los primeros 197,1 millones de dólares de un total de 400 millones previstos para el primer año. Van despacito. Además, y no me extraña, desde México se ve con recelo cualquier colaboración que represente la más mínima pérdida de soberanía. ¡Con los antecedentes que tienen en su relación con los gringos, es natural que así sea!

Y falta atacar el sistema de lavado de dinero; sin eso es mucho más difícil el combate. Dice José Luis Piñeyro: “no hay una política sistemática de golpeteo al nervio financiero del narcotráfico, que es el lavado de dinero; no hay una táctica específica de golpear el patrimonio, la confiscación de propiedades, de terrenos, edificios apartamentos. No se ha visto, nada más que de manera ocasional cuando catean una casa y la confiscan». Y Raúl Benítez, profesor de la Universidad Autónoma de México, dice “En este momento sólo se está golpeando a un segmento con vínculos con el Cártel de Sinaloa. El Cártel del Golfo debe de estar feliz, también los Arellano están sacando de la jugada a los competidores».

Ahora los cárteles de la droga mexicanos están implantándose en otros países latinoamericanos: compran droga a las FARC; en Costa Rica, dónde antes operaban organizaciones delictivas colombianas, ahora opera el Cartel de Sinaloa; en marzo, en Guatemala, hubo una masacre de once personas por la que fueron detenidos algunos mexicanos, incluido Daniel Pérez Rojas, “El Cachetes», miembro de “Los Zetas”, un grupo de sicarios integrado por desertores del ejército al servicio del Cártel del Golfo; a principio de diciembre diecisiete personas murieron cerca de la frontera entre México y Guatemala por una lucha entre narcotraficantes mexicanos y guatemaltecos; etc.

Y México ya no es sólo un lugar de paso. Ya hay 300.000 adictos a las drogas y su número crece a tasas del 30 % anual.

Firmeza y acierto para el gobierno y suerte para los mexicanos en esa lucha: ¡menudo reto!