Serie «Radiografía judicial ante el 29-N» · Parte 1 de 4

Una serie en cuatro partes para seguir la campaña del 29-N con datos y no con eslóganes: qué causas judiciales afectan al entorno de cada partido, en qué fase están y cómo leer lo que unos dicen de otros.

Resumen

Varias causas que afectan al entorno del PSOE coinciden con la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Este análisis se centra en dos instrucciones abiertas en la Audiencia Nacional: el caso Plus Ultra, que dirige el juez José Luis Calama, y el caso Leire Díez, que dirige el juez Santiago Pedraz. Ambas están en fase de instrucción y nadie ha sido juzgado en ellas. Al final se repasa el estado de las demás causas, algunas ya con sentencia. Quien no tenga una condena firme está amparado por la presunción de inocencia.

Este artículo no valora a partidos ni a candidatos. Analiza, con una mirada de sistemas, tres cuestiones: cómo afecta la colaboración de terceros a la dinámica de una investigación, qué cambia cuando un juez se persona como perjudicado y qué peso tienen las pruebas materiales frente a las versiones de las partes. Los datos proceden de resoluciones judiciales e informes policiales publicados por la prensa hasta el 28 de octubre de 2026.

Bloque I: la colaboración con la investigación como variable del sistema

Cuando una empresa aparece en una causa penal, el Código Penal le ofrece un incentivo claro para colaborar. El artículo 31 bis permite atenuar o excluir la responsabilidad de la persona jurídica si acredita un modelo de cumplimiento eficaz y colabora con la justicia. En la práctica, eso suele traducirse en entregar documentación, correos o registros técnicos a los investigadores.

Ese incentivo cambia el equilibrio. Las personas físicas investigadas pasan a valorar su propia situación procesal, y el Código Penal contempla atenuantes como la confesión (artículo 21.4) o la reparación del daño (artículo 21.5). Los tribunales los aplican caso por caso. Que alguien colabore no prueba por sí mismo la culpabilidad de otros: sus declaraciones necesitan corroboración externa para tener valor como prueba.

En las causas actuales, el material clave procede sobre todo de registros y de informes de la UCO de la Guardia Civil y de la UDEF de la Policía Nacional. Su valor definitivo lo decidirán los jueces y, en su caso, un tribunal en juicio oral.

Bloque II: el «factor Badajoz», cuando un juez se persona como perjudicado

La Audiencia Nacional ha admitido como acusación particular a la jueza de Badajoz Beatriz Biedma en el caso que instruye Santiago Pedraz, y la ha citado a declarar como perjudicada (COPE). Biedma es quien instruyó la causa sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Un atestado de la UCO del 6 de octubre añade cuatro declaraciones de testigos y documentación sobre presuntas maniobras para desacreditar a la magistrada. Entre ellas hay un canal de vídeo con publicaciones contra varios jueces de Badajoz (COPE).

Desde el punto de vista del sistema, la personación de un juez como víctima amplía el objeto de la causa. Ya no se investigan solo contratos o pagos, también posibles conductas contra la Administración de Justicia, como la obstrucción a la justicia (artículo 464). Hasta ahora son hipótesis de investigación, no calificaciones firmes.

El 23 de octubre, Pedraz dio quince días al PSOE para entregar «sin más demora» los datos sobre los abogados que contrató entre 2021 y 2025 (Infobae/EFE). Esa entrega marcará el siguiente paso de la instrucción.

Bloque III: las joyas del caso Plus Ultra, prueba material frente a versiones

El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, investiga el rescate público de la aerolínea Plus Ultra, aprobado en 2021. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está investigado en la causa.

El 19 de mayo, la policía halló joyas en una caja fuerte de su despacho. La tasación que encargó el juez a la joyería Ansorena, con el Instituto Gemológico Español, las valoró en unos 1,3 millones de euros. El portavoz del expresidente las había estimado en 30.000-50.000 euros (elDiario.es).

La defensa sostiene que parte de las piezas son herencias y regalos de viajes. En concreto, atribuye tres juegos de rubíes, esmeraldas y zafiros a un obsequio personal del rey Abdalá de Arabia Saudí durante su visita oficial de junio de 2007. El 27 de octubre, Calama rechazó pedir a Arabia Saudí que lo confirmara y cuestionó que se tratara de un regalo personal (El Español).

El juez ha ordenado una tasación pericial adicional. Lo que debe acreditarse, si llega a hacerse, es una relación entre las joyas y las decisiones sobre el rescate. Hoy esa relación es una hipótesis de la instrucción, y la defensa la rechaza.

Bloque IV: las demás causas del entorno del PSOE

Además de Plus Ultra y el caso Leire Díez, hay otras cuatro causas que afectan a exdirigentes del PSOE o a familiares del presidente del Gobierno. Dos ya tienen sentencia.

CausaQuiénEstado a 28-10-2026
Mascarillas (Supremo)José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y su exasesor Koldo GarcíaCondenados en junio de 2026 a 24 y 19 años de prisión por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. El 14 de octubre, el Supremo rechazó anular la sentencia (elEconomista)
Obra pública (Audiencia Nacional)Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, junto a Ábalos y Koldo GarcíaEn instrucción con el juez Ismael Moreno, por presuntos amaños de obra pública. Acciona, también investigada, ha admitido pagos de 1,9 millones a Servinabar, empresa del socio de Cerdán (Teleprensa/Europa Press)
Caso Begoña Gómez (Madrid)Begoña Gómez, esposa del presidente del GobiernoEnviada a juicio con jurado el 21 de septiembre por presunto tráfico de influencias y malversación. El juicio, en la Audiencia Provincial de Madrid, no tiene fecha (Infobae)
Caso David Sánchez (Badajoz)David Sánchez, hermano del presidente del GobiernoCondenado el 14 de julio a nueve años de inhabilitación por cooperar en un delito de prevaricación administrativa (Noticias de Navarra). Recurrió el 8 de octubre y pide su absolución (Infobae/Europa Press)

En las causas sin sentencia firme, los investigados mantienen la presunción de inocencia.

Conclusión

Plus Ultra y el caso Leire Díez tienen todavía decisiones clave pendientes: la documentación que debe entregar el PSOE en el caso Leire Díez, la tasación pericial de las joyas y las próximas declaraciones. Si alguna persona aforada resultara implicada, el juez tendría que elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo. Ese paso no se ha producido ni tiene fecha.

La lección de sistemas es sencilla. En una instrucción penal, los documentos, las tasaciones y los registros técnicos pesan más que los argumentarios de cualquier parte. Pero esos datos los interpretan jueces sujetos a recursos y garantías, y la última palabra corresponde a un tribunal en juicio. Hasta entonces, rige la presunción de inocencia.

Fuentes